A grosso modo, se desprende del propio Art 92. y ss.gg. del Código Civil, que la custodia (no es más que ejercer la acción de custodiar y guardar algo o a alguien, en este caso, los hijos menores). Es el deber de los padres a custodiar y salvaguardar los intereses de los hijos menores de edad, dicho de otro modo,  convivir con ellos y vigilar sus intereses, tomando las decisiones cotidianas necesarias para sus cuidados y atenciones. No es lo mismo que la Patria Potestad, pues en la toma de decisiones de cuestiones mayores sobre los hijos debe existir consenso entre los padres, como por ejemplo, a la hora de tomar decisiones médicas que afecten a la salud del menor (Cirugías, tratamientos), decisiones de carácter religioso (bautizo, circuncisión, bodas religiosas) o viajes al extranjero. (Estudios, ocio, visitas familiares)

En el mejor de los casos siempre se tendrá en cuenta el interés superior del menor y se valorará si algún progenitor pone en riesgo dicho interés,  así como, las condiciones particulares de cada padre.   En este sentido, existen informes que ayudan a valorar estas condiciones; estos informes  suelen conocerse con el nombre de informe psicosocial, informes psicológicos de parte, plan parental, informes de servicios sociales y puntos de encuentro, etc.

Pero se nos olvidan los informes de los Detectives Privados que son determinantes en estos procesos, pues demuestran acciones contrarias a las pretensiones interpuestas en las demandas. Dicho de de otro modo,  obtenemos las pruebas que determinan que la otra parte miente para conseguir su demanda o incluso determinar que un informe psicosocial o de servicios sociales no se ajusta a la realidad del día a día de los menores,  pues somos los detectives los que observamos e investigamos en el entorno de los menores y los padres en tiempo real y en circunstancias normales. En condiciones normales podemos valorar si la conducta  y las circunstancias cotidianas son las expuestas ante el juzgado. Información veraz, real y no condicionada.